Contratación Administrativa

La ley de contratación Administrativa o Ley 7494, la cual fue aprobada para regular y normar las reglas del sector público en materia de compra de bienes e inmuebles, arrendamientos, construcciones, licitaciones, entre otros. Cuando se refiere al sector público hace mención de:

• Órganos del Poder Ejecutivo.
• Poder Judicial.
• Poder Legislativo.
• Tribunal Supremo de Elecciones.
• Contraloría General de la República.
• Defensoría de los Habitantes.
• Sector descentralizado territorial e institucional.
• Entes públicos no estatales.
• Empresas públicas.

Esta tiene como fin ayudar y guiar a las organizaciones cubiertas por esta ley, en la adquisición y administración de los bienes públicos. Esta ley contiene todas las herramientas y figuras para poder realizar la administración de bienes públicos. A excepción se tiene los siguientes aspectos:

• Prestación de actividad ordinaria (servicios públicos mediados por un contrato y la respectiva administración, directos al usuario o destinatario final).
• Acuerdos de otros estados o sujetos a leyes internacionales.
• Actividades que por la naturaleza o circunstancias, no se puedan cumplir con esta ley (proveedores únicos, seguridad, emergencia, y otras del reglamento).
• Compras de cajas chicas, según no excedan los límites contenidos en esta ley.
• Construcción e instalación de oficinas o servicios fuera del país.
• Actividades contenidas en otras leyes y/o instrumentos internacionales.
• Actividades de escasa cuantía que no convengan ser sometidos.
• Relaciones de empleo.
• Empréstitos públicos.

 Por otra parte, con esta ley se consiguen los siguientes beneficios:

•  Evitar la corrupción.
• Promover sana competencia.
• Conseguir los bienes necesarios para el cumplimiento del deber público.
• Conseguir las mejores ofertas del mercado.
• Dar herramientas para una sana relación público-privada.
• Brindar herramientas garantes para el adecuado manejo de los bienes públicos.
• Promover la imparcialidad.
• Dar herramientas para la calidad de los bienes.
• Promover el uso de la tecnología en el aparato estatal.
• Asignar responsabilidades por manejo de los fondos públicos.
• Brindar eficacia y eficiencia.

Ahora bien, esta ley no sirve solamente para las empresas públicas, sino también, sirven de guía para las empresas privadas que no cuenten con un reglamento interno que regule la forma y el accionar de la administración de los bienes de la empresa. Por lo cual, sirve como herramienta para estas instituciones.